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Cobro Coactivo

Conscientes de la necesidad que tienen las Entidades Territoriales de atenuar la morosidad de sus carteras, hemos implementado un servicio encaminado a ofrecer los recursos necesarios para que la respectiva entidad logre un recaudo eficiente.

Nuestra firma se encuentra dentro del marco legal para apoyar de una forma eficaz el proceso de cobro coactivo, logrando dar plena satisfacción a los intereses de los administrados, a través de la inversión planificada.

Con la expedición de la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario del mismo año, el procedimiento de cobro administrativo coactivo que adelanten las entidades territoriales, debe enmarcarse dentro de un Reglamento Interno de Cartera que cada entidad está en la obligación de adoptar, por este motivo, todas las acciones que realice la administración tributaria Municipal en materia de cobro coactivo y las entidades terrotoriales, deben responder a las disposiciones que se consignen en tal reglamento interno según el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional y demás normas complementarias; por ello, se hace necesario direccionar los criterios encaminados a dar desarrollo a la obligación de adecuar la legislación del orden territorial, a través de un instructivo o manual que tenga como propósito estratégico dar solución a las dificultades propias del cobro de la Cartera.

Con fundamento en lo anterior, se brinda asesoría y apoyo especializado a la gestión que la Secretaría de Hacienda u otra autoridad competente desarrolle dentro de los recursos que se poseen, tales como perfiles profesionales, técnicos, logísticos, académicos y de gestión administrativa, lo que reporta como beneficio evitar la configuración de la prescripción de la acción de cobro, la implementación de la conciencia de pago en la ciudadanía y dar cumplimiento a la prerrogativa exorbitante que posee la administración y las entidades territoriales, dentro del desarrollo de la actividad de cobro coactivo y en ejecución de los principios Constitucionales de equidad, eficacia y eficiencia; principios desarrollados a través de facultades inherentes a su personalidad y que le son conferidas al Estado en el desarrollo de su actividad necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones que le atañen.

Nuestros profesionales, apoyarán la gestión de la administración y las entidades territoriales, para que éstas actuen dentro de la obligación consagrada para las Entidades Públicas de recaudar de forma constante rentas y demás caudales públicos del orden territorial, todo esto consignado en el artículo 05 de la Ley 1066 de 2002.